Contraloría pone la lupa sobre riesgo de remociones en masa en Viña del Mar

La Contraloría General de la República solicitó informes a distintos organismos públicos a raíz de una denuncia relacionada con los riesgos de remoción en masa en Viña del Mar y la forma en que deben evaluarse técnicamente los proyectos que se desarrollan en zonas expuestas a este tipo de amenazas.

Mediante el oficio N°136651/2026, firmado este 20 de agosto por el subcontralor general, el ente fiscalizador requirió antecedentes a la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Senapred, el Ministerio de Obras Públicas y Sernageomin.

La solicitud se origina en una denuncia presentada el pasado 30 de julio por Patricio Herman, de la Fundación Defendamos la Ciudad, contra el ORD N°392 del 22 de julio de 2026, emitido por la División de Desarrollo Urbano del Minvu.

El conflicto se inserta en una controversia entre la Seremi de Vivienda de Valparaíso y la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar respecto de la aplicación del artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), que regula las áreas de riesgo y los estudios requeridos para desarrollar proyectos en ellas.

El punto central de la controversia

Según los antecedentes entregados por Defendamos la Ciudad, la Contraloría ya había sostenido previamente que corresponde a la División de Desarrollo Urbano del Minvu definir qué organismos son competentes y qué profesionales son idóneos para elaborar y aprobar los estudios asociados a los riesgos establecidos en la OGUC.

Aunque aquel pronunciamiento se relacionaba principalmente con zonas expuestas a fallas geológicas, el criterio sería aplicable también a otros riesgos contemplados en la normativa, entre ellos las remociones en masa.

La organización sostiene que la DDU no ha resuelto suficientemente esa definición y que, en el caso de Viña del Mar, ha argumentado que todavía no existe claridad respecto de los organismos y profesionales habilitados para aprobar esos estudios.

A juicio de la fundación, esa indefinición podría facilitar la tramitación de proyectos en terrenos donde existen riesgos geológicos sin una evaluación suficientemente determinada por la institucionalidad.

Preocupación por la reconstrucción en los cerros

El asunto cobra especial importancia por los proyectos de reconstrucción que se desarrollan en sectores altos de Viña del Mar después de los incendios de 2024.

La preocupación planteada por Defendamos la Ciudad es que algunas viviendas construidas o financiadas por el Estado pudieran emplazarse en terrenos potencialmente expuestos a deslizamientos o movimientos de tierra ante episodios de lluvias intensas.

La organización sostiene que una definición técnica precisa de los organismos competentes y de los profesionales responsables de esos estudios resulta necesaria para reducir futuros riesgos y responsabilidades del Estado.

Alto Santorini vuelve al debate

La presentación también relaciona la controversia con el proyecto inmobiliario Alto Santorini, que ha generado cuestionamientos por su emplazamiento y evaluación ambiental.

Según Defendamos la Ciudad, la resolución que finalmente adopte Contraloría podría tener efectos sobre ese proyecto, cuya aprobación ambiental se produjo pese a observaciones formuladas por Sernageomin.

La fundación sostiene que el caso podría convertirse en un antecedente relevante respecto de la aplicación de las normas de riesgo en proyectos privados desarrollados en la Región de Valparaíso.

La situación de Alto Santorini ha adquirido además dimensión política durante los últimos días debido a que el proyecto está relacionado con el hermano del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en medio de cuestionamientos opositores sobre eventuales conflictos de interés.

Responsabilidad del Estado

Defendamos la Ciudad recordó además el artículo 4° de la Ley N°18.575, que establece que el Estado puede ser responsable por los daños causados por los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que puedan corresponder a los funcionarios involucrados.

El planteamiento apunta a que la correcta identificación y evaluación de los riesgos naturales no constituye solamente una exigencia administrativa, sino también una obligación destinada a proteger a las personas y evitar consecuencias futuras para el Estado.

Con la solicitud de informes, la Contraloría abre ahora una nueva etapa de revisión. Los antecedentes que entreguen el Minvu, Senapred, MOP y Sernageomin serán clave para determinar si la actuación de la División de Desarrollo Urbano se ajustó a la normativa y, particularmente, quién debe asumir la responsabilidad técnica de evaluar proyectos emplazados en zonas con riesgo de remoción en masa en Viña del Mar.